El empresario Francisco Pérez Lobato, conocido por su rol como exdirector jurídico en Gigante Grupo Inmobiliario, fue detenido en Tulum después de permanecer prófugo durante más de ocho meses. Se le acusa de un fraude millonario relacionado con el complejo habitacional SÚUT, un lujoso proyecto inmobiliario en Playa del Carmen que jamás fue terminado.

El fraude, que asciende a más de 200 millones de pesos, se habría llevado a cabo a través de la empresa Desarrollos Turísticos LT, que Pérez Lobato dirigía. La acusación señala que el empresario utilizó indebidamente un crédito de más de 90 millones de pesos que se le otorgó para la construcción del complejo y desvió los recursos obtenidos de la preventa de los 91 departamentos del proyecto, los cuales nunca fueron entregados.

Las investigaciones también han revelado que tanto Pérez Lobato como su hijo, Ian Pérez López, realizaron transferencias millonarias durante el tiempo que administraron el proyecto. Se cree que los fondos fueron utilizados para adquirir bienes de lujo y propiedades familiares, lo que ha generado una gran indignación entre las víctimas del fraude.

El proyecto SÚUT, que había sido promocionado como un ícono de lujo en la Riviera Maya, permanece abandonado. Ninguno de los departamentos ha sido entregado a los compradores y las estructuras muestran severos daños debido a huracanes, humedad y el deterioro por el paso del tiempo.

La constructora encargada de la obra, Carsa, ha aclarado que no tiene responsabilidad en el caso, ya que no ha tenido contacto con Pérez Lobato desde hace más de seis meses.

La detención de Pérez Lobato se logró gracias a la colaboración entre autoridades de Quintana Roo y la Ciudad de México. El empresario fue arrestado el 26 de noviembre y trasladado a la fiscalía estatal, donde enfrentará las acusaciones. Su hijo, Ian Pérez López, sigue prófugo.

Mientras tanto, los compradores afectados, así como la institución financiera que otorgó el crédito, continúan luchando por recuperar su dinero y exigir justicia por el daño causado. Este caso pone en evidencia los riesgos de la falta de regulación y control en proyectos inmobiliarios en la región.

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