El Gobierno de México ha lanzado una contundente batalla contra la comida chatarra, con la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciando que, a partir de marzo del próximo año, se prohibirá la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en y alrededor de las escuelas. Claudia Sheinbaum, presidenta del país, destacó la grave crisis de salud pública generada por el consumo excesivo de estos productos, que ha contribuido a que alrededor de 15 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años sufran de obesidad o sobrepeso.
Esta lucha no es nueva; desde hace años se han implementado medidas como el etiquetado frontal, pero los productos poco saludables continuaron disponibles en los centros educativos. En muchas escuelas, resulta más fácil encontrar refrescos que acceso a agua potable. La nueva normativa, que permite un periodo de adaptación de seis meses, establece que cualquier alimento o bebida que lleve etiquetas por alto contenido de grasas, azúcares y sodio será prohibido en el ámbito escolar.
Con datos preocupantes de la última Encuesta de Salud y Nutrición, se revela que 5,7 millones de niños de 5 a 11 años son obesos, cifra que aumenta a 10,4 millones en el grupo de 12 a 19 años. El secretario de Educación, Mario Delgado, enfatizó la necesidad de promover decisiones saludables entre los jóvenes, a pesar de que la medida pueda desagradar a ciertos sectores de la industria.
En México, el consumo diario promedio de productos chatarra por alumno supera las 500 kilocalorías, y en el 98% de las escuelas se venden estos productos, junto con refrescos en el 70%. Solo dos de cada diez escuelas ofrecen acceso a agua potable. La nueva iniciativa tiene como meta fomentar el consumo de agua natural y asegurar que la mayoría de las escuelas cuenten con bebederos públicos para 2030.
Delgado también criticó la publicidad agresiva de la industria refresquera, que ha contribuido a que México tenga una de las tasas más altas de obesidad infantil en el mundo. La estrategia del Gobierno no solo se centrará en la prohibición, sino también en capacitar a docentes y padres para priorizar frutas y verduras de temporada, además de lanzar campañas educativas que promuevan hábitos alimenticios saludables. El Gobierno se compromete a supervisar el cumplimiento de esta normativa y a clasificar las escuelas según su nivel de salud.
