Playa del Carmen, Quintana Roo. Roxana Lili Campos Miranda, ex presidenta municipal de Solidaridad, fue ingresada al Centro de Reinserción Social de Cancún luego de su detención en la Ciudad de México, confirmada horas antes por autoridades de Quintana Roo. La exfuncionaria quedó a disposición de la autoridad que la requiere para enfrentar un proceso relacionado con un presunto daño al erario municipal.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso está vinculado con un presunto uso indebido de atribuciones y facultades que habría generado un perjuicio económico superior a 62 millones de pesos. La investigación se centra en contratos públicos relacionados con el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La autoridad ministerial sostiene que, durante la administración municipal encabezada por Campos, se habrían otorgado de forma irregular tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024. Según la versión oficial, los contratos habrían sido asignados para un servicio que no cumplió con las condiciones pactadas o cuya documentación de respaldo no fue debidamente integrada.
Entre los elementos señalados por la FGE se menciona que el parque vehicular de la dependencia contaba con 123 unidades y que se registraban hasta 865 lavados en un mes, incluso sin días de descanso. También se indica que la empresa contratada tenía 15 empleados, dato que forma parte de los cuestionamientos sobre la viabilidad operativa del servicio y el cumplimiento de los acuerdos.
La detención y el traslado
La orden de aprehensión fue cumplimentada en la capital del país por elementos de la Policía de Investigación de Quintana Roo, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según reportó la propia fiscalía estatal. Después de las diligencias correspondientes, Campos fue trasladada a Quintana Roo para continuar el proceso judicial.
Hasta el momento, la información oficial disponible señala que la exalcaldesa deberá permanecer a disposición de la autoridad judicial mientras se define su situación jurídica dentro del término constitucional previsto.
Contexto del caso
El expediente forma parte de una línea de investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración municipal anterior en Solidaridad, hoy Playa del Carmen. La FGE también ha referido que servidores públicos involucrados habrían omitido labores de revisión y seguimiento, así como la verificación de documentación necesaria para acreditar los servicios contratados.
Por ahora, el proceso sigue en curso y será la autoridad judicial la que determine los siguientes pasos en torno a la situación legal de la exalcaldesa.


