El secuestro de Luis Carlos Vizcarra Millán, empresario petrolero, y su pareja, ocurrido el 20 de noviembre en Playa del Carmen, ha revelado presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía de Quintana Roo. Familiares de las víctimas acusan a la fiscalía de entorpecer la investigación, desviando la atención hacia “chivos expiatorios”, mientras se desconocen los paraderos del empresario y su pareja.
El secuestro fue llevado a cabo por un grupo armado que obligó al empresario a ordenar transferencias bancarias de 360 millones de pesos a 10 empresas desconocidas. A pesar de las evidentes irregularidades en las investigaciones, la fiscalía no ha reconocido a la familia como víctimas directas, lo que ha generado más desconfianza.
Además, las autoridades han sido acusadas de actuar con negligencia, como cuando un número encontrado en la camioneta del empresario fue omitido en las investigaciones. La Fiscalía General de la República (FGR) ahora está tomando el control del caso, mientras que las denuncias por mala actuación han sido elevadas a los órganos de control y derechos humanos.
El caso, aún sin esclarecer, sigue poniendo en duda la capacidad de las autoridades locales para enfrentar el crimen organizado en la región.
