La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este miércoles que su gobierno defenderá de manera firme el decreto que declara como Área Natural Protegida el terreno ocupado por la minera Calica, una filial de la empresa Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo. La medida se tomó como parte de los esfuerzos para preservar la biodiversidad de la región ante los graves impactos ambientales causados por la actividad minera en la zona.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que, a pesar de que la minera ya ha presentado una controversia relacionada con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), su gobierno mantendrá su postura: “Cualquier empresa debe cumplir con las normativas ambientales de nuestro país. Este es un tema de bienestar ecológico por encima de todo”, aseguró la presidenta.
El decreto, que fue emitido a finales de 2024 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo evitar la continuación de las actividades mineras que, según el gobierno mexicano, han causado un “desastre ecológico” en la región. En su momento, López Obrador aclaró que esta acción no implicaba una expropiación, sino una medida de protección ambiental.
“Nosotros estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer y vamos a seguir defendiendo este decreto”, reiteró Sheinbaum. La mandataria subrayó que, a pesar de las objeciones de los legisladores de Estados Unidos, que cuestionaron la decisión, México no cederá en su compromiso de proteger sus recursos naturales, tal como lo exige el T-MEC.
La controversia surge después de que el gobierno mexicano intentara una solución negociada con la minera, que se negó a aceptar las condiciones de protección ambiental. En respuesta, la administración de López Obrador decidió dar el paso de proteger formalmente la zona, para evitar más daños irreversibles al ecosistema local.
Sheinbaum también destacó que este tipo de conflictos forman parte de las regulaciones del T-MEC, pero insistió en que las normas ambientales de México son claras y deben cumplirse, independientemente del origen de la empresa.
La postura del gobierno mexicano en defensa del medio ambiente es firme: la prioridad es la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, incluso frente a las presiones de empresas extranjeras.
