En Quintana Roo han aumentado los casos de cobro por “derecho de piso”, por lo que el congreso del Estado, solicitó al Senado de la República el apoyo para exhortar a la fiscalía estatal a integrar las carpetas de investigación y no turnarse a la fiscalía general de la República.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Quintanarroense, el diputado Erick Gustavo Miranda, expresó que, por corrupción o temor a los delincuentes, la fiscalía estatal abre carpetas y expedientes en los que considera el crimen organizado.
Gran parte de las denuncias que se presentan por el presunto delito de extorsión o por “derecho de piso”, son enviadas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que concurren elementos como la portación de armas y drogas.
La SEIDO dedica tiempo procesal considerable el cual es desperdiciado, pues al determinar el delito de extorsión denunciado no reúne los elementos para ser considerada delincuencia organizada y así ser perseguida por la fiscalía general de la República.
El diputado recalcó que en el caso de Quintana Roo, dicho cobro es muy grave, ya que, de acuerdo a las cifras del Semáforo Delictivo Nacional, se ha incrementado un 26% en el último año.
