Madres, padres y tutores de la escuela primaria «Roberto Quiroz Guerra», ubicada en la colonia Residencial del Norte Chenkú, presentaron formalmente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en contra del director de esa primaria por presuntas conductas inapropiadas en contra de las infancias de esta comunidad educativa.
El caso, que ha encendido las alertas en la comunidad escolar, detonó luego de que estudiantes relataran conductas alarmantes por parte del director del plantel. Entre los señalamientos más graves destacan que el directivo permanece de forma sospechosa cerca del único baño de la escuela —el cual es compartido por menores y personas adultas—, que toma fotografías a los alumnos y los llama a solas a su oficina sin justificación, además de hostigar y reprender a las docentes frente a los grupos.
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Pese a que las familias expusieron la situación por escrito y de manera directa ante el titular de la dependencia, Juan Balam Várguez, e incluso ante el gobernador Joaquín Díaz Mena, la respuesta inicial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) se redujo a desestimar las denuncias bajo el argumento de que se trataba de «la palabra de las niñas y los niños contra la del director», dejando a los menores en total estado de vulnerabilidad.
Padres de familia exigieron investigar los señalamientos contra el director y confirmar oficialmente su destitución | Foto: Guillermo Castillo
Protesta obliga a la Segey a responder
Ante la falta de garantías, este martes 10 de noviembre integrantes de un colectivo de familias se manifestaron a las puertas del plantel acompañadas por la regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Rivas Alfaro, y por Tessy Gamboa, secretaria estatal de Mujeres de dicho instituto político.
Fue durante esta protesta en el exterior de la escuela cuando Antonio Vázquez González, jefe de Sector de la Segey, se presentó para informar de manera verbal sobre la presunta destitución del directivo; sin embargo, los inconformes reprocharon que no se presentó ningún documento oficial que avalara la decisión.
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Las familias exigieron que la investigación no se cierre con un simple cambio de adscripción o una separación administrativa menor, sino que se finquen responsabilidades y se garantice una protección real para la niñez. Asimismo, reiteraron su demanda a la Segey de sanitarios separados para adultos y estudiantes, evitando el riesgo latente que implica el uso mixto de los baños.
Por su parte, Rivas Alfaro adelantó que continuarán vigilantes y exigiendo por la vía legal y administrativa que se esclarezcan a fondo los señalamientos, subrayando que las escuelas de Mérida y de todo Yucatán deben ser espacios seguros y libres de cualquier forma de hostigamiento para los estudiantes.
