La administración municipal de Corregidora, en Querétaro, enfrenta cuestionamientos por la asignación de contratos a una empresa vinculada con empresarios panistas y por la aparición de funcionarios en unas vacaciones junto a uno de sus representantes. El caso, que ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés y transparencia en el uso de recursos públicos, se sostiene en información difundida por una investigación periodística.
De acuerdo con los datos disponibles, la empresa señalada recibió al menos 8.5 millones de pesos en contratos del gobierno encabezado por el alcalde Josué Guerrero Trápala. Entre los elementos que han provocado más preguntas está la convivencia de servidores públicos con Arturo Rodríguez Rivera, socio y representante de la firma Gabinete 369, durante un viaje a Playa Majahuitas, Jalisco.
En las fotografías difundidas aparecen Carlos Antonio Contreras López, entonces jefe de Gabinete del municipio; Francisco Castro Alegría, director del DIF municipal, y el regidor panista Ricardo Domínguez Moreno. La presencia de funcionarios junto a un proveedor no prueba por sí misma una ilegalidad, pero sí obliga a revisar con detalle la relación entre ambas partes y la forma en que se tomaron las decisiones administrativas.
Documentación reservada y dudas sobre los servicios
Uno de los puntos más delicados del caso es que el Ayuntamiento mantiene reservada la documentación relacionada con las operaciones de la empresa. Contratos, facturas y reportes de los servicios no están disponibles para consulta pública, bajo el argumento de que su difusión podría afectar una investigación en curso.
Esa reserva impide conocer con claridad qué trabajos fueron solicitados, cómo se entregaron y qué criterios se usaron para justificar los montos pagados. En el debate público, este tipo de restricciones suele alimentar sospechas porque limita la posibilidad de verificar si hubo competencia, evaluación técnica y control adecuado del gasto.
Los montos bajo revisión
Entre las operaciones que han llamado la atención destaca una factura por un millón de pesos por cinco estudios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública. Según lo reportado, esos trabajos habrían sido elaborados en un lapso de apenas una semana, un dato que abre preguntas sobre el alcance real de los entregables y su costo.
También se mencionó un contrato por tres millones de pesos solicitado por Juan Antonio Escárcega Ramírez, quien se desempeñaba como director de Comunicación Social y recibió una pensión municipal 22 días después de esa contratación. Ese elemento añade otra capa de escrutinio sobre los procedimientos internos y la secuencia de decisiones tomadas en el área municipal.
Reacciones y pendientes de aclaración
Tras la difusión del caso, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se pronunció a favor de que las investigaciones continúen y sostuvo que Corregidora no puede quedarse rezagada en materia de transparencia. Aun así, las autoridades competentes serán las que deban revisar los expedientes y determinar si existieron irregularidades.
La salida de Carlos Antonio Contreras López de la Jefatura de Gabinete fue presentada por el alcalde como una renuncia voluntaria. Sin embargo, ese relevo no resuelve por sí mismo las dudas sobre las contrataciones ni sustituye la obligación de explicar por qué se reservó la información.
Por ahora, el caso deja abiertas preguntas centrales: quién autorizó los contratos, qué resultados concretos obtuvo el gobierno con esos servicios, cómo se evaluaron sus costos y por qué se decidió restringir el acceso a los documentos. La respuesta dependerá de las investigaciones y de la revisión de los expedientes, más que de las versiones políticas de los involucrados.
