ASUNCIÓN. Tres altos funcionarios del presidente paraguayo Santiago Peña, entre ellos su jefe de gabinete y su ministro del Interior, presentaron su renuncia mientras el Senado reanudó el viernes el juicio político para decidir el futuro del mandatario tras el colapso de un banco vinculado a su gobierno.
Peña, uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump en la región, fue convocado a la cámara alta para presentar su defensa, pero pidió una prórroga de 72 horas para preparar su alegato, que fue rechazada por los senadores.
“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, expresó Peña en su cuenta de X al compartir el pedido enviado al Senado para solicitar la prórroga a fin de “contar con tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa”.
Poco después y durante su intervención en el recinto del Senado, el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña, dijo que el equipo jurídico del mandatario no tuvo tiempo suficiente para leer la acusación y que era necesario que se le otorgue un plazo razonable para analizar el caso.
Mientras tanto, se registraron algunos incidentes menores entre manifestantes y agentes de policía que custodiaban los alrededores del edificio del Congreso.
En un comunicado, la embajada de Estados Unidos en Asunción expresó su “solidaridad con el pueblo paraguayo” y deseó que “las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas”.
La caída de Ueno Bank el pasado martes ha sumido el país en el caos y dejado a cerca de tres millones de ahorristas, en un país con una población de unos 6,5 millones de habitantes, sin posibilidades de acceder a sus cuentas ni realizar operaciones.
Desde entonces se han registrado sendas protestas en diversas ciudades, en especial en la capital Asunción, y varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes enfadados por las restricciones a sus ahorros.
Personas se manifiestan frente al Congreso durante una sesión para debatir la renuncia del presidente Santiago Peña | Foto: AP
La escalada de la crisis derivó en la renuncia del ministro de Interior, Enrique Riera Escudero, así como las del secretario general y jefe del gabinete civil de la Presidencia, Javier Giménez García de Zuñiga, y del ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez, informó el viernes la oficina de la Presidencia.
¿Qué pasará con el presidente de Paraguay?
La víspera Peña presentó su renuncia, pero ésta no fue votada por falta de quórum, por lo que el Senado decidió seguir adelante con el juicio político aprobado más temprano por la Cámara de Diputados por presunto conflicto de intereses e irregularidades fiscales.
Si es hallado culpable, Peña perdería su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio —como lo establece la Constitución de Paraguay para los expresidentes— y la inmunidad parlamentaria. Esto permitiría que fuera procesado también en la esfera penal tras la apertura la víspera de tres investigaciones penales que incluyen denuncias contra él y otros funcionarios, anunció la Fiscalía General.
Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia. https://t.co/dtyaDuwMRM
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
El Ministerio Público informó el viernes que en la madrugada fiscales y policías allanaron diversas oficinas corporativas vinculadas a Ueno Bank en Asunción e incautaron ordenadores, discos duros, teléfonos móviles y documentos. Asimismo, utilizaron grúas para retirar nueve vehículos de lujo de la residencia de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de Ueno Bank, quien está actualmente detenido y enfrenta cargos que incluyen abuso de confianza y tentativa de estafa, indicó la Fiscalía.
Si Peña es destituido, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la presidencia para completar lo que queda del mandato actual, que termina en agosto de 2028, tal como estipula la Constitución.
