La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya, señaló que ese organismo no es el adversario de los juzgadores y admitió que la mayoría de las investigaciones contra jueces y magistrados concluyeron sin imputaciones.
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Durante el informe por el primer aniversario del TDJ, la magistrada consideró que la presentación de una queja no se traduce en una sanción, debido a que en ese organismo jurisdiccional toda denuncia se somete al debido proceso.
Manifestó que en 79 casos de quejas contra juzgadores se identificaron elementos para realizar imputaciones, pero la mayoría de casos concluyó sin sanción por falta de comprobación de los hechos señalados.
A un año de la puesta en funcionamiento del Tribunal de Disciplina, la magistrada Celia Maya dijo que no es una debilidad el hecho de que la mayoría de los casos investigados concluyeron sin imputaciones, sino que es una muestra de que se respeta el debido proceso y no resuelve conforme a opiniones.
Detalló que el Tribunal arrancó operaciones con mil 667 investigaciones heredadas y pendientes de resolución de la anterior Judicatura, por lo que el nuevo organismo avanzó en 64% de esos casos heredados.
Sobre los retos para el segundo año, la magistrada afirmó que “la operación plena de este tribunal requiere de la implementación, consolidación y adecuación de 18 sistemas tecnológicos, que aún no se encuentran íntegramente funcionando ni plenamente interconectados. Sin ellos, la información se fragmenta y los tiempos procesales se prolongan. Su consolidación constituye una prioridad institucional para el siguiente ejercicio”.
Abundó que el “segundo reto es el de la legitimidad y la confianza ciudadana. Es el de mayor complejidad, porque no se resuelve mediante una asignación presupuestal. La sociedad mexicana ha mantenido, por razones históricamente documentadas, una relación de desconfianza con sus instituciones de impartición de justicia. Recuperar esa confianza exige abandonar toda forma de opacidad administrativa y asumir el compromiso de operar bajo el principio del escrutinio público”.
Otro de los retos es la “mejora integral del sistema judicial demanda un enfoque normativo complejo. Se requiere una distribución de competencias más clara y de supuestos y reglas generales que permitan resolver los tópicos relacionados con la independencia técnica y de gestión de este tribunal, así como con la solución de controversias”.
Aseveró que el primer año de operación del Tribunal de Disciplina “no ha sido sencillo. Edificar la institución y atender simultáneamente la carga procesal heredada representó, en más de una ocasión, una exigencia que parecía superar las capacidades disponibles”.
Destacó que el balance es de “un tribunal instalado, organizado y funcional, y en pleno servicio a la sociedad. 851 personas juzgadoras evaluadas por primera vez en la historia del país conforme a criterios de calidad. Seis visitadurías regionales que acercaron el servicio del tribunal al territorio nacional y establecieron una vigilancia permanente. Investigaciones detenidas durante años que recuperaron su cauce. Una puerta de atención ciudadana que antes no existía”.
Consideró que “este tribunal es consciente de que para un número considerable de mexicanas y mexicanos la justicia continúa siendo una promesa incumplida. No afirmo que esa realidad se haya modificado. Afirmo que ha comenzado a modificarse y que existen elementos objetivos para sostenerlos.
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A jueces y magistrados les dijo: “esta institución no es su adversaria. La inmensa mayoría de quienes integran la judicatura federal desempeñan su función con honestidad y entrega, y los resultados de la evaluación así lo acreditan. La vigilancia protege a quien cumple, porque permite distinguir su actuación de aquella que se aparta de los deberes de la función judicial”.
