El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) admitió a trámite una demanda de nulidad contra la resolución con la que la Secretaría de Economía reconoció que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen cumple con las disposiciones legales aplicables para 2026. El caso quedó registrado en la Sala Regional en Quintana Roo y Auxiliar bajo el expediente 562/26-20-01-8.
La decisión abre un nuevo frente jurídico en torno a la situación interna de la cámara empresarial, luego de que un consejero promoviera el juicio por su propio derecho. En el mismo acuerdo, la Sala también ordenó emplazar a 30 terceros interesados y abrió el incidente de suspensión solicitado dentro del procedimiento.
Qué resolvió el Tribunal
El acuerdo, firmado el 13 de agosto de 2026 por el magistrado instructor Marco Polo Carballo Calva y el secretario de acuerdos Jhonny Alexander López Ramírez, distinguió entre dos actos impugnados. Por un lado, admitió la demanda contra la resolución de verificación emitida por la Secretaría de Economía. Por otro, desechó el recurso relacionado con el oficio 110.011010.2026, del 15 de julio de 2026.
Según el documento judicial, ese oficio rechazó la ruta de cumplimiento presentada por el Consejo Directivo 2025. Sin embargo, el Tribunal consideró que el promovente no acreditó un interés jurídico afectado respecto de ese acto, ya que no estaba dirigido a su persona ni participó como parte en el procedimiento administrativo correspondiente.
Además, la Sala resolvió que el juicio no se tramitará por la vía sumaria, sino por la vía ordinaria.
Quiénes fueron llamados al juicio
El TFJA identificó a 30 terceros interesados con posible derecho incompatible frente a la pretensión del actor. En ese grupo aparecen integrantes de la mesa directiva encabezada por Alma Iovana Franco Cervantes, así como vicepresidencias, consejeros titulares y suplentes, la Comisión de Arbitraje y el Consejo Directivo 2025–2026.
Entre las personas mencionadas por el acuerdo están Leonor Castañeda Martín, primera vicepresidenta; Jorge Humberto Meza Contreras, secretario; y Guillermo Prado Erazo, tesorero. También se incluyen ocho vicepresidencias de sección y consejeros designados el 27 de febrero de 2026.
Todas esas personas y órganos tienen 30 días hábiles, contados desde el emplazamiento, para comparecer al juicio. En paralelo, la Sala ordenó notificar a la Directora General de Legislación y Consulta de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía para que responda dentro del plazo legal.
Suspensión y pruebas pendientes
El expediente mantiene abierto el incidente de suspensión, lo que significa que el Tribunal deberá decidir si la resolución impugnada sigue produciendo efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. Por ahora no hay una decisión sobre ese punto.
En materia probatoria, la Sala admitió varias pruebas ofrecidas por el actor, con excepción de una solicitud para requerir registros de reuniones y comunicaciones internas entre mayo y julio de 2026. El Tribunal consideró que ese trámite debía solicitarse primero ante la autoridad competente y que no se acreditó haberlo hecho previamente.
Por ello, concedió al promovente 10 días hábiles para subsanar ese punto, bajo apercibimiento de tener por no ofrecida la documental.
Un caso que continúa en varias vías
De acuerdo con los documentos citados, el litigio no se limita al juicio de nulidad. También existe una ruta administrativa derivada de un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que fue turnado por la Secretaría de Gobernación a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo.
Ese envío fue informado mediante oficios fechados el 7 y el 25 de agosto de 2026. En ellos se menciona que la petición busca intervención para que la Cámara cuente con un Consejo Directivo electo conforme a sus estatutos.
La admisión de la demanda no implica una resolución de fondo sobre la legalidad de los actos impugnados. El expediente sigue en su etapa inicial y aún deben correr los plazos para contestación de la Secretaría de Economía y para el apersonamiento de los terceros interesados.
Hasta el momento, no se conoce una resolución definitiva sobre la controversia ni sobre la suspensión solicitada.
Conclusión
El expediente sobre la Canaco Playa del Carmen entra ahora a una fase clave: la de respuestas, comparecencias y eventual decisión sobre la suspensión. Por el momento, el TFJA solo ha dado curso al juicio de nulidad y no ha anticipado un pronunciamiento sobre el fondo.
